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ronaldh yujra
Ataques a periodistas y medios de comunicación subió en 25,6% en 2009
Texto: Vania Sandoval Arenas
La Paz, 5 Mar (Erbol).- Durante la pasada gestión, las agresiones a periodistas y medios continuaron marcadas por la conflictividad política nacional y regional. Lo preocupante del 2009 es que crecieron los ataques a periodistas ejecutados por agresores anónimos (25,6%), los que en la mayoría de los casos actuaron violentamente contra periodistas cuando éstos estuvieron solos. Lo que no cambió fue la impunidad de los agresores ni la ineficiencia de los poderes públicos para esclarecer y sancionar los casos.
Este estos datos se desprende del informe presentado hoy por el observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR, donde se señala que los conflictos con movilizaciones volvieron a centralizarse en la sede de gobierno el año 2009 pero disminuyeron las movilizaciones de carácter regional que habían tenido mayor presencia en el escenario político en los dos años anteriores. En el último año La Paz registró el 45% de agresiones a periodistas y medios.
Los periodistas más agredidos -en 26 meses se registraron 339 casos de agresiones a periodistas y medios- fueron los de TV con el 53% de los casos. Los trabajadores de TV se expusieron a mayores riesgos por obtener imágenes de los hechos –incluyendo situaciones de violencia- y además, en varios casos fueron perseguidos para que entreguen las imágenes que habían registrado. Los de radio figuran en el 19% de los registros de agresiones y los de prensa en el 17%.
El año pasado se efectuaron en mayor medida que en otras gestiones ataques graves con lesiones perpetradas directamente contra algún periodista. Por las características de estos ataques resulta difícil establecer en todos los casos si las agresiones tienen que ver con el trabajo periodístico, ya que podrían ser también hechos delictivos comunes. Las investigaciones en estos casos resultan más complejas y las víctimas quedan desprotegidas al no haberse podido establecer las razones ni la identidad de los agresores.
Un ejemplo de este tipo de agresión lo sufrió Marcelo Lobo, camarógrafo, quien la madrugada del 25 de julio de 2009 salía de la oficina del canal Gigavisión en La Paz luego de cumplir su turno. En ese momento dos sujetos lo arrastraron hasta las gradas cercanas a las instalaciones del canal, lo dejaron inconsciente por un golpe en la cabeza y le produjeron cortes, en forma de A, en la parte inferior de la mejilla izquierda; su lengua fue también cortada como forma de intimidación para acallar su voz. Otros ejemplos de este tipo de agresión fueron el ataque a Julio Peñaloza, periodista de Bolivia TV (canal gubernamental), quien fue golpeado el 20 de octubre del 2009 en la puerta de su domicilio, y el realizado contra Ramiro Ramírez, del diario gubernamental Cambio.
Uno de los casos más violentos del 2009 fue el de la balacera contra Alberto Ruth y Francisco Cuéllar, periodista y camarógrafo de la red televisiva Unitel Santa Cruz (el 5 de septiembre del 2009), respectivamente, quienes presentaron una denuncia por haber sido agredidos con armas de fuego, supuestamente por el capitán Wálter Andrade, del disuelto grupo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, durante un operativo policial que buscaba la detención de un hacendado. Actualmente el proceso se encuentra paralizado, en pugna por la jurisdicción territorial del mismo. El capitán Andrade no ha prestado declaraciones ante la fiscalía. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz fue la que inicialmente apoyó a los periodistas agredidos; luego de varios meses se sumó la empresa periodística como parte demandante.
Otro caso grave, que motivó el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fue la agresión a periodistas de la red televisiva PAT en Santa Cruz, el 30 de noviembre pasado. En primera instancia, policías agredieron físicamente a periodistas que cubrían información sobre un secuestro en horas de la madrugada por haberlos confundido —dijeron—con antisociales. Horas después, la periodista Paola Mallea fue herida en la mano con un puñal, por un sujeto que la agredió luego de preguntarle si ella trabajaba en PAT. Posteriormente, Mallea fue secuestrada por nueve horas2. Hasta ahora no se ha comprobado la relación entre los dos casos.
En vista de las escasas sanciones y la impunidad de los agresores, no se vislumbra una salida a corto plazo para disminuir las agresiones, protagonizadas incluso por el Presidente de la República y algunos Alcaldes. Problemas como la crisis de credibilidad y calidad del periodismo —relacionada en parte con la polarización política y también mediática en ciertos casos—, las dificultades para lograr que se sancione a los agresores, la carencia de condiciones laborales adecuadas en muchos medios de comunicación, la ausencia de seguro social y de vida para quienes cubren la información, entre otros factores, hacen que de momento las previsiones a futuro no sean optimistas.
Mientras sigan precarizándose las condiciones laborales de los periodistas, mientras siga la impunidad a la par que la ineficiencia mostrada por fiscales y jueces, mientras las agresiones a periodistas sean un problema sólo tratado por los trabajadores agredidos y algunas instancias sindicales sin que se involucren los propietarios de medios en la mayor parte de los casos ni otras organizaciones sociales, el trabajo periodístico en Bolivia continuará siendo un trabajo de riesgo.
Texto: Vania Sandoval Arenas
La Paz, 5 Mar (Erbol).- Durante la pasada gestión, las agresiones a periodistas y medios continuaron marcadas por la conflictividad política nacional y regional. Lo preocupante del 2009 es que crecieron los ataques a periodistas ejecutados por agresores anónimos (25,6%), los que en la mayoría de los casos actuaron violentamente contra periodistas cuando éstos estuvieron solos. Lo que no cambió fue la impunidad de los agresores ni la ineficiencia de los poderes públicos para esclarecer y sancionar los casos.
Este estos datos se desprende del informe presentado hoy por el observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR, donde se señala que los conflictos con movilizaciones volvieron a centralizarse en la sede de gobierno el año 2009 pero disminuyeron las movilizaciones de carácter regional que habían tenido mayor presencia en el escenario político en los dos años anteriores. En el último año La Paz registró el 45% de agresiones a periodistas y medios.
Los periodistas más agredidos -en 26 meses se registraron 339 casos de agresiones a periodistas y medios- fueron los de TV con el 53% de los casos. Los trabajadores de TV se expusieron a mayores riesgos por obtener imágenes de los hechos –incluyendo situaciones de violencia- y además, en varios casos fueron perseguidos para que entreguen las imágenes que habían registrado. Los de radio figuran en el 19% de los registros de agresiones y los de prensa en el 17%.
El año pasado se efectuaron en mayor medida que en otras gestiones ataques graves con lesiones perpetradas directamente contra algún periodista. Por las características de estos ataques resulta difícil establecer en todos los casos si las agresiones tienen que ver con el trabajo periodístico, ya que podrían ser también hechos delictivos comunes. Las investigaciones en estos casos resultan más complejas y las víctimas quedan desprotegidas al no haberse podido establecer las razones ni la identidad de los agresores.
Un ejemplo de este tipo de agresión lo sufrió Marcelo Lobo, camarógrafo, quien la madrugada del 25 de julio de 2009 salía de la oficina del canal Gigavisión en La Paz luego de cumplir su turno. En ese momento dos sujetos lo arrastraron hasta las gradas cercanas a las instalaciones del canal, lo dejaron inconsciente por un golpe en la cabeza y le produjeron cortes, en forma de A, en la parte inferior de la mejilla izquierda; su lengua fue también cortada como forma de intimidación para acallar su voz. Otros ejemplos de este tipo de agresión fueron el ataque a Julio Peñaloza, periodista de Bolivia TV (canal gubernamental), quien fue golpeado el 20 de octubre del 2009 en la puerta de su domicilio, y el realizado contra Ramiro Ramírez, del diario gubernamental Cambio.
Uno de los casos más violentos del 2009 fue el de la balacera contra Alberto Ruth y Francisco Cuéllar, periodista y camarógrafo de la red televisiva Unitel Santa Cruz (el 5 de septiembre del 2009), respectivamente, quienes presentaron una denuncia por haber sido agredidos con armas de fuego, supuestamente por el capitán Wálter Andrade, del disuelto grupo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, durante un operativo policial que buscaba la detención de un hacendado. Actualmente el proceso se encuentra paralizado, en pugna por la jurisdicción territorial del mismo. El capitán Andrade no ha prestado declaraciones ante la fiscalía. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz fue la que inicialmente apoyó a los periodistas agredidos; luego de varios meses se sumó la empresa periodística como parte demandante.
Otro caso grave, que motivó el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fue la agresión a periodistas de la red televisiva PAT en Santa Cruz, el 30 de noviembre pasado. En primera instancia, policías agredieron físicamente a periodistas que cubrían información sobre un secuestro en horas de la madrugada por haberlos confundido —dijeron—con antisociales. Horas después, la periodista Paola Mallea fue herida en la mano con un puñal, por un sujeto que la agredió luego de preguntarle si ella trabajaba en PAT. Posteriormente, Mallea fue secuestrada por nueve horas2. Hasta ahora no se ha comprobado la relación entre los dos casos.
En vista de las escasas sanciones y la impunidad de los agresores, no se vislumbra una salida a corto plazo para disminuir las agresiones, protagonizadas incluso por el Presidente de la República y algunos Alcaldes. Problemas como la crisis de credibilidad y calidad del periodismo —relacionada en parte con la polarización política y también mediática en ciertos casos—, las dificultades para lograr que se sancione a los agresores, la carencia de condiciones laborales adecuadas en muchos medios de comunicación, la ausencia de seguro social y de vida para quienes cubren la información, entre otros factores, hacen que de momento las previsiones a futuro no sean optimistas.
Mientras sigan precarizándose las condiciones laborales de los periodistas, mientras siga la impunidad a la par que la ineficiencia mostrada por fiscales y jueces, mientras las agresiones a periodistas sean un problema sólo tratado por los trabajadores agredidos y algunas instancias sindicales sin que se involucren los propietarios de medios en la mayor parte de los casos ni otras organizaciones sociales, el trabajo periodístico en Bolivia continuará siendo un trabajo de riesgo.
Posted in: 6 marzo 2010
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